20/05/2015. Al Gobierno de Utrera (PA-PP) le crecen los problemas a las imputaciones por prevaricación de dos ediles del PP y por malversación de fondos de uno del PA, ahora se une la reclamación por parte de la Agencia Tributaria de más de 440.000 euros por las deudas de la empresa municipal PRODUSA, la sociedad de promoción y desarrollo del municipio que fue disuelta en junio de 2013 y está inmersa en un concurso de acreedores. Esta noticia la ha adelantado a toda página en su edición de Andalucía este martes el diario El Mundo
(ver portada El Mundo edición de Sevilla).
En una información que firma la periodista María Rionegro, el diario El Mundo informa de que el órgano de recaudación de Hacienda le ha abierto un “procedimiento administrativo de apremio” al consistorio utrerano como "responsable solidario del deudor principal”, la desaparecida PRODUSA. Las “deudas más importantes que se persiguen”, según el informe de Hacienda al que ha tenido acceso El Mundo, corresponden a las liquidaciones de Impuesto de Valor Añadido (IVA) y el Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
No obstante, la deuda tributaria total que arrastra PRODUSA asciende a 638.081,24 euros desde el año 2007 y, aunque el grueso de ella se refiere al impago de ambos impuestos, «existen igualmente numerosas liquidaciones correspondientes a sanciones tributarias por diversos conceptos, así como recargos por presentación extemporánea de liquidaciones» -expone el informe de Hacienda-, que suma un débito de 167.115,35 euros.
A este respecto, el documento de la Agencia Tributaria especifica que este tipo de conceptos quedan «excluidos» de la responsabilidad tributaria de carácter solidario que se le reclama al Ayuntamiento de Utrera, la Diputación y la Sociedad Provincial de Informática de Sevilla SA (INPRo), dependiente de la institucional provincial. Entre las tres administraciones públicas deben afrontar el pago de 470.965,89 euros. Según las cuentas de la propia Agencia Tributaria en función de las acciones que el Consistorio utrerano tiene de PRODUSA, éste debe afrontar el abono de 441.671.81 euros.
El informe, cuya fecha de entrega en el Ayuntamiento de Utrera es de 24 de abril, avisa de que en el
plazo de quince días puede «presentar cuantas alegaciones y documentos estime pertinentes para la mejor defensa de sus derechos e intereses. Todo ello a fin de determinar su posible condición de responsable subsidiario de las deudas indicadas». La deuda se corresponde a las liquidaciones de IVA e IRPF en los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2014.
Desde el Ayuntamiento de Utrera enmarcan la apertura de este expediente en un trámite «normal» en el proceso de liquidación de una empresa de capital público. Fuentes municipales explicaron a este periódico que «lo normal es que las administraciones asuman las deudas de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, como ahora lo hace el Ayuntamiento de Utrera y la Diputación» con la disolución de PRODUSA.
Una vez que el proceso se cierre por completo, pues aún no ha concluid», el Gobierno Local “solicitará el correspondiente fraccionamiento de la deuda y se pagarán las cuentas”, señalaron las mismas fuentes municipales, quienes precisaron que, “afortunadamente”, el Consistorio de Utrera “tiene recursos suficientes para ello, pues las cuentas de 2013 se cerraron con superávit de casi siete millones”.
CONCURSO VOLUNTARIO DE ACREEDORES
Por último, recordaron que la decisión de cerrar PRODUSA “vino dada por la inviabilidad de la empresa, a la que en los últimos años, en el intento de sacarla adelante, el Ayuntamiento utrerano le aportaba más de 700.000 euros anuales”. Y es que, el gobierno local anunció a comienzos de 2012 un concurso voluntario de acreedores para PRODUSA, cuando la plantilla llevaba ya cinco meses sin cobrar, los embargos de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social habían congelado las cuentas de la sociedad municipal y mediaba una deuda cercana a los 300.000 euros con diferentes proveedores. Fue disuelta en junio de 2013.
La quiebra de PRODUSA llegó a investigarse en los tribunales, pero finalmente un juzgado archivó la causa en contra del criterio de la Fiscalía y de los administradores concursales, que sí consideraban que había indicios de culpabilidad por las “irregularidades y retrasos contables” detectados en su gestión. Pese a la acusación de la administradora concursal, que calificó la quiebra como “culpable” y de la Fiscalía, que solicitó la inhabilitación de varios miembros del consejo de administración, finalmente el juzgado calificó la quiebra como “fotuíta”.
Fuente: UTRERAWeb
